En el año 2004 un tribunal de Bélgica instaba al proveedor de acceso a Internet Scarlet impedir el acceso a los usuarios a descargas ilegales a través de redes p2p a petición de la sociedad nacional de gestión de derechos de autor. En caso de no cumplir deberían acatar una multa. No obstante, Scarlet recurrió al tribunal superior de Justicia Europeo, y este ha acabado dando la razón al proveedor de acceso. Y es que según este, el filtrado vulneraría los derechos fundamentales de los internautas. Entre otras cosas, se estaría vulnerando la protección de datos personales o la libertad de recibir y enviar información. También creen que violaría la libertad de empresa y la libertad de información, ya que el sistema que sería necesario implementar además de complejo y costoso podría no ser lo suficientemente fiable como para distinguir contenidos lícitos e ilícito por lo que se podría dar pie al bloqueo de comunicaciones legales.